18 MESES DE SILENCIO FISCAL EN LA PIEZA 9 DEL CASO VILLAREJO: EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO. 6 CUYO TITULAR ACTUAL ES ANTONIO PIÑA QUE SUSTITUYÓ AL JUBILADO MANUEL GARCÍA CASTELLÓN DEBE EXIGIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE ACTUE ANTES DE QUE MUERAN MÁS VICTIMAS.
El Ministerio Fiscal incumple desde junio de 2024 su obligación legal de presentar escrito de acusación contra BBVA, Francisco González y Julio Corrochano. Cinco víctimas han fallecido en la espera. La acusación particular de Luis Pineda presidente de Ausbanc, víctima de tres años de prisión preventiva injusta posteriormente anulada por el Tribunal Supremo, que declaró «legal y exitosa» la actividad de su organización, exige al juez instructor que requiera en 10 días al Fiscal General del Estado. La impunidad del banco imputado como persona jurídica socava la credibilidad del sistema judicial español.
El reloj procesal se detuvo el 15 de septiembre de 2024. El reloj de la muerte, no.mientras el Ministerio Fiscal mantiene en suspenso la pieza separada no 9 del caso Villarejo desde hace dieciocho meses, cinco personas clave han fallecido:
Javier Castro Villacañas (periodista y abogado) José Marín (delegado de Ausbanc en Sevilla)
Rosa Aparicio (secretaria a quien la Fiscalía pidió 60 años de prisión por delitos inexistentes)
José Maldonado (exsecretario general del BBVA) Luis Suárez Jordana (director de publicaciones de Ausbanc) hace apenas dos meses, el 6 de noviembre de 2025.
Todos ellos murieron sin ver cómo se abría el juicio oral contra el BBVA como persona jurídica, su expresidente Francisco González, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, el excomisario José Manuel Villarejo y el exmando policial Enrique García Castaño (declarado inimputable el 8 de julio de 2025 por deterioro irreversible de salud).
El 15 de septiembre de 2024, la acusación particular ejercida por Luis Pineda y Ausbanc cumplió escrupulosamente con su obligación procesal ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 cuyo titular actual es Antonio Piña que sustituyó al jubilado Manuel García Castellón y presentó su escrito de calificación provisional solicitando la apertura de juicio oral.
Desde junio de 2024, la Fiscalía disponía de plazo habilitado para hacer lo propio. Hoy, enero de 2026, lleva 547 días de silencio deliberado. Ni una línea. Ni una explicación. Ni siquiera una prórroga formalizada.
Esta no es una demora administrativa. Es una dilación indebida que vulnera el artículo 24.2 de la Constitución Española -derecho fundamental a la tutela judicial efectiva- y vacía de contenido el principio de celeridad procesal reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero, sobre todo, es una estrategia de impunidad calculada: mientras el tiempo pasa, los testigos mueren, las pruebas se degradan y la memoria colectiva se desvanece. El BBVA, imputado por presuntos delitos de espionaje ilegal y corrupción, sigue cotizando en bolsa, repartiendo dividendos (36.000 millones prometidos hasta 2028 por el actual presidente Carlos Torres) y operando con total normalidad. Sus directivos imputados -incluido Francisco González, artífice de la «españolización» del banco según el PNV— disfrutan de impunidad material mientras las víctimas pagan con sus vidas.
La parálisis procesal no es anónima. Tiene responsables institucionales concretos que deben rendir cuentas:
Juzgado Central de Instrucción no 6: Órgano instructor de la pieza 9, con competencia para requerir al superior jerárquico del fiscal conforme al artículo 784 LECrim.
Fiscal General del Estado: Máxima autoridad del Ministerio Fiscal, destinatario obligado del requerimiento judicial para que explique por qué sus subordinados incumplen plazos legales desde junio de 2024.
Francisco González: Expresidente del BBVA, investigado como presunto autor de un plan criminal de espionaje contra Ausbanc y Luis Pineda. Julio Corrochano: Exjefe de Seguridad del BBVA, señalado como ejecutor material de los encargos ilegales a Villarejo.
Carlos Torres: Presidente actual del BBVA, que mantiene el cargo pese al fracaso de la OPA sobre Sabadell y la imputación de la entidad que preside.
Cuando una entidad financiera imputada como persona jurídica -sujeta a la responsabilidad penal regulada en la Ley 5/2010- opera sin restricciones mientras el proceso que la investiga se paraliza deliberadamente, se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los inversores.
La Fiscalía como escudo de impunidad: patrón repetido de connivencia BBVA–instituciones
Los datos son elocuentes y deben ser difundidos masivamente entre colectivos jurídicos y financieros:
1. El primer fiscal asignado a la pieza 9 fue cesado sin explicación pública.
2. El segundo fiscal fue promocionado a otro destino tras meses de inacción.
3. Un exfiscal figura hoy como imputado en la propia pieza 9 por presuntos vínculos con el entramado investigado.
4. El BBVA mantiene una «larga trayectoria acogiendo a fiscales en sus servicios jurídicos», según denuncia documentada por Luis Pineda ante el juzgado.
5. Tras los casos Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, la Fiscalía ha perdido credibilidad como institución independiente, convirtiéndose en arma política en conflictos como el enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso.
Este patrón de connivencia no es casual. Es sistémico. Y debe ser denunciado con nombres y apellidos.
Exigencia inmediata: el juez debe requerir al Fiscal General en 10 días
La acusación particular presentó el 14 de enero de 2026 un escrito histórico ante el Juzgado Central de Instrucción no 6: solicita formalmente que el juez instructor requiera al superior jerárquico del fiscal – es decir, al Fiscal General del Estado- para que, en plazo improrrogable de 10 días, presente su escrito de acusación o explique por escrito los motivos de su inacción.
Esta no es una petición más. Es el último recurso procesal antes de denunciar formalmente prevaricación por omisión contra los responsables de la Fiscalía. La ley es clara: el fiscal es una parte procesal más, no el dueño del procedimiento. Su obligación es acusar o archivar, no mantener en suspenso un caso con consecuencias letales para las víctimas.
El juez instructor tiene hoy en sus manos la oportunidad de restaurar la credibilidad del sistema. Si actúa con valentía, enviará un mensaje inequívoco: en España, ni los bancos ni sus expresidentes están por encima de la ley. Si permanece en silencio cómplice, se convertirá en cómplice de una impunidad que ya ha costado cinco vidas humanas.
España no puede permitirse que un banco imputado como persona jurídica por espionaje ilegal y corrupción opere con total normalidad mientras la Fiscalía paraliza su enjuiciamiento durante dieciocho meses. No puede permitirse que cinco víctimas mueran en la espera mientras Francisco González disfruta de su retiro dorado. No puede permitirse que el Juzgado Central de Instrucción no 6 tolere que el Ministerio Fiscal incumpla plazos legales sin consecuencias.
Luis Pineda y Ausbanc han puesto sobre la mesa la exigencia última. Ahora corresponde al juez instructor actuar. Si en diez días no hay respuesta del Fiscal General del Estado, la sociedad española debe saber que su sistema judicial ha sido secuestrado por el poder financiero.
La pregunta ya no es si habrá justicia. Es si España seguirá siendo un Estado de Derecho donde la ley es igual para todos, o se convertirá en un protectorado bancario donde los dividendos importan más que las vidas humanas.
Fuente textual: Luis Pineda
Contacto: pinedasalidoluis@gmail.com