Nuevo ministro de Producción bonaerense.

El Ministerio de Producción se encuentra vacante desde diciembre del año pasado, cuando Joaquín de la Torre dejó el cargo para ocupar el Ministerio de Gobierno.

En un principio, se había elegido al empresario Diego Cifarelli, actual presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, como reemplazante, pero su designación recibió objeciones de diversas entidades rurales e industriales como Apymimra, que agrupa a la pequeña y mediana industria molinera.

Ahora Federico Salvai, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires informó que la gobernadora, María Eugenia Vidal, eligió para este cargo a Javier Tizado (h), quien actualmente conduce la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación.

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), destacó en un comunicado con la firma de su Presidente Aladino Benassi, su satisfacción de que se “haya decidido terminar con la larga acefalía, que duró más de medio año, del estratégico Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires

Y subrayaron que la entidad empresaria aspira a “que este sea un primer paso para el diseño de estrategias que resuelvan la problemática coyuntural y estructural que han anclado el potencial económico que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, principal aportadora a la Argentina de la riqueza medida en PBI”

Fuente: infoblancosobrenegro.com

Beneficios a empresas que contraten víctimas de trata.

El gobierno bonaerense reglamentó, a través de la Agencia de Recaudación, un beneficio fiscal para empresas bonaerenses que contraten como empleados a personas que hayan sido declaradas judicialmente como víctimas del delito de trata.

Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que incorporen a su empresa trabajadores en esa situación, podrán imputar, como pago a cuenta de ese tributo, el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que perciban estos empleados

Gastón Fossati, director de ARBA, subrayó que «con esta iniciativa, la Provincia busca ofrecer a los empresarios un estímulo fiscal que contribuya a la reinserción laboral de las víctimas».

Aseguró que «al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental el compromiso del Estado, y de la sociedad toda, para brindarles protección, asistencia y facilitarles la oportunidad de un trabajo digno que las ayude a salir adelante y progresar».

Obviamente los empleadores deberán contar con la autorización de la persona damnificada, y serán responsables de proteger en todo momento la intimidad y confidencialidad de la información brindada.

Fuente: minutouno.com.