En España que superara una primera ola de contagios y ve surgir nuevos focos hoy 1 año después, por lo que la vuelta a una normalidad absoluta se ve cada vez más distante.
Por ello el Gobierno y los sindicatos (CSIF, UGT y CC.OO.) firmaron un acuerdo para reconocer el derecho permanente de teletrabajar a los más de dos millones y medio de empleados públicos de todas las administraciones.
Se establece que esto estará supeditado a que se garantice la prestación de los servicios públicos, y el cumplimiento de las necesidades de la función.
El teletrabajo será reversible y voluntario pero esta opción no será absoluta y se garantizará la atención directa presencial en la Administración.
De esta forma, un requisito previo será la valoración de cada puesto para identificar si las tareas asociadas al mismo se pueden realizar a distancia. De lo contrario, no habrá teletrabajo en estos casos.
Asimismo, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán seis meses para adaptar la regulación a su ámbito de competencia.
Será la Administración la que asuma los costos de equipamiento para asegurar el teletrabajo por parte del personal y además se compromete a la formación «en competencias digitales» necesarias para la prestación del servicio.