¿Alguna vez alguien pensó realmente cómo ayudar a las PyMEs de la construcción? Seguramente sí, pero siempre se encaró desde el punto de vista de la generación de créditos para este tipo de empresas o para sus clientes, y no se atacó el principal problema al que se enfrenta esta industria: la competencia desleal por el trabajo “en negro”.
Vemos diariamente enfrentamientos entre ciudadanos que defienden a los comerciantes frente a los “manteros”, porque aquellos pagan impuestos, tienen empleados contratados dentro del régimen que establece la ley, consiguen sus artículos para la venta de forma lícita, y los segundos no. Pero muchos de estos mismos que defienden a los comerciantes, quieren viajar en vehículos de alquiler contratados mediante una aplicación para teléfonos inteligentes que no tributa de ninguna forma, tiene personal sin hacer aportes por ellos y se encuentran fuera de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, solo porque “es mas barato”. Esta misma dicotomía, esta doble moral, es la que enfrentan diariamente las pequeñas y medianas empresas constructoras.
En la industria de la construcción, solo unas pocas empresas son las que, debido a la complejidad y tamaño de las obras que realizan, no tienen competencia desleal; el resto, debe lidiar con los que comúnmente se denominan constructores. Estos personajes (salvo honrosas excepciones) no son mas que uno o dos individuos que explotan a un grupo de gente (en su mayoría familiares o allegados) que trabajan por poco dinero y fuera de la ley. Ojalá pudiésemos decir que son la minoría, pero por el contrario, son los que acaparan las obras de construcción de baja y mediana envergadura en la mayoría de las ciudades, pueblos, countries, barrios privados, y en todos aquellos emprendimientos que corresponden a la franja que ocupan las PyMEs, las cuales tiene personal “en blanco” y pagan todos los impuestos correspondientes.
Si analizamos un poco los números, según lo que establece Vivienda, la publicación mensual especializada en la construcción, considerada por muchos profesionales y empresas como un gran compañero a la hora de realizar los presupuestos, y basándose en un informe técnico de la Cámara Argentina de la Construcción, la incidencia de las cargas sociales sobre la mano de obra directa de los obreros de la construcción asciende a un 221,09%. A este valor, las empresas (a diferencia de los constructores) deben agregar los impuestos correspondientes: Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias, los cuales hacen aumentar un presupuesto en un promedio de un 35%. Vale decir que un presupuesto de un constructor (en teoría) puede llegar a ser entre un 50% y un 60% mas bajo. Esto no siempre es así, ya que los constructores conocen esta diferencia, por lo que aumentan su beneficio llegando a una diferencia de un 20-30%, por lo cual, no solo se encuentran dentro de la ilegalidad, sino que su beneficio por realizar la obra es porcentualmente mucho mayor que el de la PyME constructora.
Aquellas instituciones que controlan el trabajo en negro son los sindicatos (en la construcción el mas importante es la U.O.C.R.A.) y el Ministerio de Trabajo, quienes realizan inspecciones en las obras para asegurarse que el personal se encuentre dentro del marco de la ley, pero estas inspecciones generalmente se limitan a obras que están siendo ejecutadas por grandes empresas, dejando de lado la inspección de viviendas unifamiliares, locales comerciales, reformas, remodelaciones, etc. que es la franja donde mas se presenta la situación de trabajadores informales y que afecta directamente a las empresas pequeñas y medianas.
La pregunta es, entonces, ¿cómo solucionamos esta problemática?. La respuesta es sencilla pero de muy difícil implementación: eliminemos la doble moral. Aquellos comerciantes ofuscados que reclaman sus derechos frente a los manteros, aquellos taxistas que realizan cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires para protestar contra la aplicación que compite de forma desleal y sin autorización, los fabricantes de productos que reclaman a los gobiernos para que los protejan contra la entrada de productos extranjeros mas económicos y de mejor calidad … todos ellos, al realizar sus obras de remodelación, al construir sus nuevas viviendas o locales comerciales, o ampliar sus fábricas, deberían contratar empresas constructoras, no constructores informales. Todos queremos pagar “mas barato”, pero dentro de las mismas reglas de juego y dentro de la legalidad; si así no lo hacen, no tienen el derecho de reclamar que esto suceda en los ámbitos que los perjudican a ellos. Llegó el momento que la sociedad se ponga los pantalones largos y se empiece a controlar a sí misma, sin esperar que las instituciones hagan el trabajo, porque muchas veces no dan abasto. Así como con el tiempo nos fuimos acostumbrando a pedir la factura correspondiente o el ticket fiscal cuando realizamos una compra, debemos acostumbrarnos a contratar servicios que respeten las leyes vigentes, no solo porque así debe ser, sino porque no hay que olvidar que el que contrata estos servicios es solidario ante la ley, por lo que ante cualquier eventualidad, es legalmente responsable por los incumplimientos que haya incurrido el prestador del servicio, sin mencionar la responsabilidad ante un accidente grave o muerte de un trabajador que no cubre el seguro de accidentes personales pero sí lo hace la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que solo puede contratar una empresa debidamente inscripta y con trabajadores “en blanco”.
Arq. Leandro Milli*
*(Arquitecto con más de 20 años de experiencia realizando proyectos, gerenciando, realizando presupuestos, bucando oportunidades de negocios, y con experiencia académica y de investigación en Universidades e Instituciones reconocidas a nivel nacional e Internacional.
Perfil orientado principalmente al manejo de grupos de trabajo para la construcción y gerenciamiento de proyectos en empresas constructoras o estudios de Arquitectura y/o Ingeniería como Director de Obras, así como integrante del área de documentación de obra. Amplio conocimiento en licitaciones y obras públicas.
Especialidades: Proyecto y dirección de obras, inspección de obras, jefatura de obras, gerenciamiento de proyectos, cómputo y presupuestos, estudio de licitaciones).
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