La Exposición de Ciencia y Tecnología de Argentina iba a tener este año su octava edición, en simultáneo con la Exposición Internacional de Ciencia y Tecnología de Latinoamérica (ESI Latinoamérica).
Este será un evento que tendrá lugar entre el 2 y 9 de octubre en base a una plataforma virtual que están diseñando en estos momentos jóvenes integrantes del Club de ciencias Amun Kamapu de Santa Rosa (La Pampa).
Al igual que en las exposiciones presenciales, la Expocytar Web tendrá videoconferencias, talleres y espacios para intercambio entre los jóvenes y la tradicional velada cultural.
En un año en el que la tecnología ha cobrado especial trascendencia, este evento al igual que en las 7 ediciones anteriores, tiene como objetivo el fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y permitir a los jóvenes abrirse a nuevas posibilidades e incorporar conocimientos, además de crear una actitud de pensamiento crítico.
Al ratificarlo el Reino de Tonga, por primera vez en la historia de la OIT, la totalidad de sus Estados Miembros han ratificado una convención internacional del trabajo.
Pese a que este Convenio (núm. 182) surgió hace 21 años, pese a ello es el convenio que ha logrado más rápido su ratificación en la historia de la OIT, lo que demuestra cuán dificultoso es (no solo en Argentina) lograr consensos unánimes a hora de tratar asuntos relacionados con protecciones laborales.
Guy Ryder, Director General de la OIT afirmó que lo logrado “pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”.
Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), destaco la importancia de la ratificación universal del Convenio 182 y señaló la necesidad de encontrar soluciones multilaterales frente a los problemas mundiales.
Según estimaciones de la OIT hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil en el mundo, 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.
Así entonces en hora buena el mundo entero ha decidido proscribir el trabajo infantil en todas sus formas.
El pasado de Agosto la Federación Nacional de Camioneros , celebro un acuerdo paritario del 30 % anual más bono y una clausula de revisión en febrero del 2021.
Ver Acuerdo Paritario entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios y la Federación de Transporte y Logística ( FAETYL) y la Confederación del Transporte Automotor de Carga ( CATAC).
El Secretario General Adjunto de Camioneros Cro. Pablo Moyano , que la paritaria había vencido el 30 de Junio y destaco el esfuerzo de los Trabajadores Camioneros en la Pandemia por ser actividad esencial.
Resalto la buena noticia con relación a la re-negociación de la Deuda Externa Argentina y que más allá de la situación que genero la pandemia pudieron sostener la actividad y el salario.
Destacando también que este acuerdo salarial fue posible a la conducción de Hugo Moyano y al activismo de todos los cuerpos organicos de la organización sindical.
La Emergencia Sanitaria es ley desde el año 2002. De vigencia anual, y sancionada parar hacer frente a las consecuencias de la crisis del 2001, ¿por qué año tras año y sin importar lo que sucediera en materia económica, el estado de Emergencia Sanitaria es ratificado por el Congreso Nacional? Para entenderlo, pondremos esta continuidad en contexto.
Luego de la crisis de diciembre de 2001, en default y con una devaluación del 300%, el Congreso Nacional sanciona la ley N° 25.561 que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Fue así que éste dicto el DNU N 486/2002 declarando también la Emergencia Sanitaria Nacional. La justificación era la grave situación que afectaba al sector de la salud por las dificultades de provisión de medicamentos, insumos y productos médicos la mayoría de los cuales son importados y en dólares. Por otro lado, las clínicas y sanatorios privados obtuvieron la suspensión a las ejecuciones fiscales de la AFIP, lo cual les permite diferir los pagos de aportes y contribuciones patronales a la seguridad social, de todos los empleados en relación de dependencia. Las excepciones aduaneras permitieron continuar con la importación de medicamentos y productos médicos que, de otra manera tendrían precios y cargas fiscales insólitas. Por otro lado, se aprobó un PMO de emergencia que no tuvo mayores efectos, pues no impidió la ejecución de amparos por parte de afiliados contra obras sociales y prepagas.
Estas normas trajeron como consecuencia para los sanatorios y clínicas privadas, además del manejo discrecional del sector público en cuanto a contrataciones, una deuda del sector con el fisco ya que la suspensión de las ejecuciones fiscales no anula la existencia de las deudas; esto sumado a una aguda dependencia de los sanatorios privados sin integración vertical alguna con las obras sociales administradas por el Estado (PAMI, IOMA).
Tenemos tres tipos de instituciones privadas de salud, clasificadas de acuerdo con el origen de los recursos que financian su actividad: las vinculadas a las obras sociales y que son creadas para la atención de sus propios afiliados; las vinculadas a las empresas de medicina prepaga, y que constituyen el emblema del prestigio de marca. Por último, las instituciones que no cuentan con financiador propio. Esta situación explica la conducta de los gremios del sector a la hora de las paritarias, cuyo resultado queda vinculado al origen de los ingresos de las instituciones y que, en el caso de los establecimientos que no poseen financiador propio, tales paritarias se definen en función de los aumentos que les fija el PAMI para las prestaciones a sus afiliados.
La ausencia de financiador propio es el Talón de Aquiles del sanatorio. Quizás esta “debilidad” explica el motivo por el cual muchos centros de salud del país le deben a la AFIP importantes sumas. Esta “situación fiscal” solo puede ser explicada por dos motivos: fraude o trabajo a quebranto. Descartada la primera, en el segundo caso está claro que la falta de equilibrio se debe a varios factores propios de la actividad. Y quebranto no siempre es sinónimo de quiebra, sobre todo cuando el acreedor es el Estado.
Repasemos esos factores. Mano de obra intensiva. La actividad requiere de mucho personal asistencial el cual en sus 2/3 partes está en relación de dependencia. Los aumentos salariales impactan de lleno en la estructura de costos transformándola en un costo de corto plazo, periódico e impostergable. Los insumos. En su mayoría, cuando hay procesos devaluatorios o crisis como la actual del COVID, carecen de valor de referencia y pueden dejar sin stock a los establecimientos más débiles o con costos tan altos que acentúa el trabajo a quebranto. Por último, la “electro dependencia”. Tanto equipamiento como el consumo de servicios públicos asociados a su uso, conforman un valor importante en la estructura de costos de las empresas sobre todo a partir de los aumentos de 2015. Pero quizás entre todos estos factores es el costo financiero de las prestaciones el más grave.Tener gastos de corto plazo a 30 días (sueldos), cobros a 90 días (PAMI) y a 120 días (seguridad social) no parece ser buen negocio.
En este mar se debaten las instituciones de salud, y es en este marco en que la Emergencia Sanitaria permanece. La cascada de ejecuciones fiscales y embargos que podrían producirse terminaban de desequilibrar un sistema ya rengo. Es por este motivo que solo los más grandes pudieron sobrevivir y de los más pequeños, los más hábiles. La mayoría de los establecimientos se pusieron en venta o funcionan con la hipoteca de la Emergencia Sanitaria. Las que han cerrado dejaron antiguos polos sanitarios de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires casi sin instituciones privadas.
Está claro que la crisis del COVID19 y sus secuelas económicas solo agravarán la situación. Quizás entonces, sea el momento de superar la Emergencia hecha Ley, y encarar una reforma de nuestro sistema sanitario para sacarlo de la terapia intensiva en la que se encuentra. Una reforma que contemple la gestión público-privada, con incentivos para la formación de más y mejores profesionales y que privilegie el lugar en donde se practica la medicina: el hospital y el sanatorio.
Si en lugar de tapar las ejecuciones fiscales hubiéramos reformado el sistema, es probable que el encierro de la población no hubiese sido tan rígido por temor al colapso sanitario. Con 18 años de vigencia, donde la excepción se volvió norma, la Vieja Madre de la cuarentena más larga de la Historia de la Humanidad se llama Emergencia Sanitaria, y ya es hora de darle vacaciones definitivas.
Articulo realizado por el consultor en temas de salud Prof. Martín Moyano para OdT – El Observatorio del Trabajo
A raíz de la crisis sanitaria, la situación de los medios ha crecido en sus usuarios, en especial la televisión y sistemas pagos, sin embargo sus ingresos publicitarios han decrecido ya que muchas marcas están cautelosas de obtener un retorno adecuado en medio de una crisis económica.
La medición de resultados en publicidad es uno de los problemas más complejos, pero a la vez de los más importantes en el mercado.
Por ello durante años la gran ventaja del marketing digital por encima de canales como TV Abierta o de Paga era justamente la facilidad de hallar el ROI o retorno de inversión
De acuerdo con Reuters, el conglomerado de medios norteamericanos Comcast, a través de su unidad Sky, lanzó una nueva herramienta para los anunciantes, que permite medir la efectividad de sus anuncios.
A través de una alianza con la firma TVSquared, las empresas podrán ver en tiempo real cómo están impactando a su negocio los anuncios en TV Abierta o Paga, así como en canales digitales.
Aunque la tecnología no parece diseñada específicamente para TV Abierta, podría aplicarse fácilmente a este entorno.
De este modo se espera que los clientes de Sky y Comcast puedan hacer con esta herramienta un mejor uso de sus inversiones publicitarias.
El ransonware consiste en un programa malicioso que, tras instalarse sin permiso en el computador o dispositivo móvil, cifra la mayor parte de los archivos o todo el disco duro, volviéndolo inaccesible para el propietario.
A cambio de descifrar de nuevo los datos secuestrados, los hackers solicitan el pago de un rescate, usualmente en criptomonedas.
Garmin, la empresa fabricante de relojes deportivos y dispositivos GPS, se vio obligada a desconectar todos sus sistemas durante 5 días, por un ciberataque a todos los clientes que utilizan estas aplicaciones
El 27 de julio la empresa anunció que estaba reanudando sus servicios, e informó a sus clientes que no encontró indicios de que los hackers hayan accedido al banco de datos de clientes, los cuales encontró intactos tras el ataque
Sin embargo ahora la empresa podría enfrentar problemas legales en caso de que se compruebe que pagó el rescate solicitado por los hackers para liberar su sistema.
Se sospecha del veterano grupo informático ruso Evil Corp especializado en ataques de este tipo, y que fuera sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en diciembre del año pasado.
Ahora bien, a las empresas estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con organizaciones y personas que han sido sancionadas por el Tesoro de los EEUU.
Por esta razón, además del perjuicio de su imagen ante su clientela, si se comprobara que Garmin pagó un rescate de 10 millones de dólares, entonces habría además violado la ley norteamericana y por lo tanto sus problemas más grandes recién estarían a punto de comenzar.
Si esto le sucedió a una enorme empresa, con mucho más razón a los empresarios de menor tamaño les reiteramos lo que ya hemos expresado desde este programa. En temas de seguridad informática, no hay mejor defensa que la prevención.
A través de un comunicado de prensa y mensajes por las redes, la Cámara de la Industria del Software argentina (CESSI) reclamó ante la demora en el tratamiento de esta Ley, lo que impactaria de manera negativa y directa en una de las pocas industrias más dinámicas de la economía de la Argentina.
Alegan que las empresas del sector abordarán un segundo semestre con serias dificultades que sumadas a las de COVID-19 podría provocar la pérdida de 11.200 puestos de trabajo, la caída de $33.400 millones de facturación y la disminución del PBI entre 3 y 5 puntos porcentuales en exportaciones.
Según la cámara, esta Ley busca impulsar la Economía del Conocimiento como un sector estratégico para el desarrollo productivo, económico, social y tecnológico argentino, y por estos motivos:
Expresan que «estamos convencidos de que su tratamiento en la Cámara de Senadores es urgente ya que su implementación: impulsará y fomentará la competitividad, incrementará la exportación de valor agregado, generará la apertura de nuevos mercados y transformará a todas las empresas del sector».
Entre los principales aspectos de la Ley destacan:
Que prevé duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones de acá a diez años.
Facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen de promoción.
Mantener los beneficios de reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, entre otros beneficios fiscales.
«Con esta nueva Ley, seguimos apostando al desarrollo de un país inclusivo y federal, defendiendo esta industria que posee un amplio potencial para nuestros trabajadores y la tecnología local», finaliza el comunicado.
La búsqueda de 20 pasantes de más de 60 años para realizar home office en una empresa de proyectos inmobiliarios de Mendoza generó la presentación en dos días de 900 solicitudes de empleo
La convocatoria por Facebook e Instagram lanzada por Gardens Desarrollos Inmobiliarios, pedía: “Pasantes adultos mayores, con más de 60 años, buena predisposición y proactividad”.
El aviso llamó la atención porque apuntaba al grupo etario que es considerado de alto riesgo de contagio en medio de la pandemia.
Pablo Scherbovsky gerente de Garden Desarrollos Inmobiliarios, explicó al diario Clarín que el trabajo que ofrecen será en modalidad home office y consistirá en un estudio de mercado para desarrollar un emprendimiento inmobiliario destinado a cubrir necesidades de los adultos mayores.
“Quién mejor que personas de esa edad para ayudar a diseñar este producto”, dijo el responsable de la empresa. Y adelantó: “Aún no hemos empezado a entrevistar a los postulantes, porque queremos que más gente pueda inscribirse”.
Una demostración que tener edad para un retiro no significa que se haya perdido la experiencia, la voluntad y la creatividad que el mercado debería saber aprovechar.
La Emergencia Sanitaria es ley desde el año 2002. De vigencia anual y sancionada parar hacer frente a las consecuencias de la crisis del 2001. ¿Por qué año tras año y sin importar lo que sucediera en materia económica, el estado de Emergencia Sanitaria es ratificado por el Congreso Nacional?
Para entenderlo, pondremos esta continuidad en contexto.
Luego de la crisis de diciembre de 2001, en default y con una devaluación del 300%, el Congreso Nacional sanciona la ley 25.561 que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Fue así que este dicto el DNU 486/2002 declarando también la Emergencia Sanitaria Nacional. La justificación era la grave situación que afectaba al sector de la salud por las dificultades de provisión de medicamentos, insumos y productos médicos la mayoría de los cuales son importados y en dólares. Por otro lado, las clínicas y sanatorios privados obtuvieron la suspensión a las ejecuciones fiscales de la AFIP, lo cual les permitió diferir los pagos de aportes y contribuciones patronales a la seguridad social, de todos los empleados en relación de dependencia. Las excepciones aduaneras permitieron continuar con la importación de medicamentos y productos médicos que, de otra manera tendrían precios y cargas fiscales insólitas. Por otro lado, se aprobó un PMO de emergencia que no tuvo mayores efectos, pues no impidió la ejecución de amparos por parte de afiliados contra obras sociales y prepagas.
Estas normas trajeron como consecuencia para los sanatorios y clínicas privadas, además del manejo discrecional del sector público en cuanto a contrataciones, una deuda del sector con el fisco, ya que la suspensión de las ejecuciones fiscales no anula la existencia de las deudas; esto sumado a una aguda dependencia de los sanatorios privados sin integración vertical alguna con las obras sociales administradas por el Estado (PAMI, IOMA).
Tenemos tres tipos de instituciones privadas de salud, clasificadas de acuerdo con el origen de los recursos que financian su actividad: las vinculadas a las obras sociales y que son creadas para la atención de sus propios afiliados; las vinculadas a las empresas de medicina prepaga, y que constituyen el emblema del prestigio de marca; y por último, las instituciones que no cuentan con financiador propio. Esta situación explica la conducta de los gremios del sector a la hora de las paritarias, cuyo resultado queda vinculado al origen de los ingresos de las instituciones y que, en el caso de los establecimientos que no poseen financiador propio, tales paritarias se definen en función de los aumentos que les fija el PAMI para las prestaciones a sus afiliados.
La ausencia de financiador propio es el Talón de Aquiles del sanatorio. Quizás esta «debilidad» explica el motivo por el cual muchos centros de salud del país le deben a la AFIP importantes sumas. Esta «situación fiscal» solo puede ser explicada por dos motivos: fraude o trabajo a quebranto. Descartada la primera, en el segundo caso está claro que la falta de equilibrio se debe a varios factores propios de la actividad. Y quebranto no siempre es sinónimo de quiebra, sobre todo cuando el acreedor es el Estado.
Repasemos esos factores. Mano de obra intensiva. La actividad requiere de mucho personal asistencial el cual en sus 2/3 partes está en relación de dependencia. Los aumentos salariales impactan de lleno en la estructura de costos transformándola en un costo de corto plazo, periódico e impostergable. Los insumos. En su mayoría, cuando hay procesos devaluatorios o crisis como la actual del Covid, carecen de valor de referencia y pueden dejar sin stock a los establecimientos más débiles o con costos tan altos que acentúa el trabajo a quebranto. Por último, la «electro dependencia». Tanto equipamiento como el consumo de servicios públicos asociados a su uso, conforman un valor importante en la estructura de costos de las empresas sobre todo a partir de los aumentos de 2015. Pero quizás entre todos estos factores es el costo financiero de las prestaciones el más grave. Tener gastos de corto plazo a 30 días (sueldos), cobros a 90 días (PAMI) y a 120 días (seguridad social) no parece ser buen negocio.
En este mar se debaten las instituciones de salud, y es en este marco en que la Emergencia Sanitaria permanece. La cascada de ejecuciones fiscales y embargos que podrían producirse terminaban de desequilibrar un sistema ya rengo. Es por este motivo que solo los más grandes pudieron sobrevivir y de los más pequeños, los más hábiles. La mayoría de los establecimientos se pusieron en venta o funcionan con la hipoteca de la Emergencia Sanitaria. Las que han cerrado dejaron antiguos polos sanitarios de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires casi sin instituciones privadas.
Está claro que la crisis del Covid-19 y sus secuelas económicas solo agravarán la situación. Quizás entonces, sea el momento de superar la Emergencia hecha Ley, y encarar una reforma de nuestro sistema sanitario para sacarlo de la terapia intensiva en la que se encuentra. Una reforma que contemple la gestión público-privada, con incentivos para la formación de más y mejores profesionales y que privilegie el lugar en donde se practica la medicina: el hospital y el sanatorio.
Si en lugar de tapar las ejecuciones fiscales hubiéramos reformado el sistema, es probable que el encierro de la población no hubiese sido tan rígido por temor al colapso sanitario. Con 18 años de vigencia, donde la excepción se volvió norma, la Vieja Madre de la cuarentena más larga de la Historia de la Humanidad se llama Emergencia Sanitaria, y ya es hora de darle vacaciones definitivas.
